La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a pedir a Francia la
extradición del presunto etarra José Antonio Zurutuza por el
asesinato cometido el 26 de marzo de 1982 por los comandos
autónomos anticapitalistas del delegado de Telefónica en San
Sebastián Enrique Cuesta, padre de la actual presidenta de Gesto
por la Paz. Sin embargo, que la solicitud sea concedida es difícil
ya que Zurutuza tiene nacionalidad gala. Por eso, el Gobierno y la
Fiscalía estudian las posibilidades legales para que el etarra sea
juzgado en Francia por delitos cometidos en España.
Aunque se deniegue la entrega, la sola petición de la misma da
lugar a un trámite que interrumpirá la fecha de prescripción del
delito y en el caso de que, en el futuro, Zurutuza sea detenido en
otro país, se podría volver a solicitar su extradición. Este etarra
se encuentra en «libertad controlada» después de que fuera una de
las cinco personas puestas el jueves en libertad por la policía
francesa de las siete detenidas en Hendaya en el transcurso de una
operación contra una empresa llamada Olabe Distribución que, al
parecer, daba cobertura económica y laboral a miembros de ETA.
Según la legislación española, el crimen de que se acusa al
director general de esta empresa conservera no ha prescrito. El
problema es que Francia sólo estima el plazo de 20 años en la
prescripción de los delitos de terrorismo desde febrero de 1995.
Los cometidos con anterioridad a esa fecha prescriben en Francia
antes del plazo de 20 años.
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