ETA no deja de extorsionar a los empresarios vascos exigiéndoles el
pago del llamado impuesto revolucionario. Pese a que últimamente se
han detectado problemas de la organización para cobrar esta
extorsión debido principalmente a los últimos golpes policiales y
judiciales asestados a la banda, parece ser que en octubre los
etarras han pedido a algunos empresarios vascos más de 600.000
euros.
Por tanto, aunque la suspensión de actividades de Batasuna
llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón ha provocado que muchos
de los canales que utilizaba ETA se cortaran y se haya detenido a
algunos contactos fundamentales que servían al cobro del impuesto,
está claro que la extorsión continúa.
Pero, eso sí, la infraestructura de cobro está dañada y han
comenzado a darse situaciones en las que los extorsionados intentan
pagar las cantidades que se les ha reclamado sin que hayan podido
hacerlo porque los canales habituales que utilizaban ya no existen
o no es posible contactar con ellos.
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