El acuerdo, alcanzado en el seno de la comisión Constitucional de
la Cámara Baja coincidiendo con el 20-N, incluye una «condena y
repulsa» del uso de la violencia «para imponer convicciones
políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la
libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos». Los partidos,
cuyos portavoces destacaron que este acuerdo se produce veintisiete
años después de la muerte de Franco, incluyen en la resolución que
este esfuerzo de reconocimiento no debe servir «para reavivar
viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil».
El texto final es el resultado de la negociación de todos los
grupos en torno a las iniciativas presentadas por PSOE, IU y Eusko
Alkartasuna (EA) y de la enmienda presentada por el PP a las mismas
y debe suponer, según el portavoz de este grupo en el debate,
Manuel Atencia, el «punto final del rosario de iniciativas
parlamentarias sobre esta cuestión». La resolución se estructura en
cuatro puntos: la condena del uso de la violencia para imponer
ideas políticas, el mantenimiento del espíritu de concordia y
reconciliación que supuso la Constitución de 1978, el
reconocimiento de las víctimas y el apoyo institucional a las
iniciativas para recuperar su memoria y el impulso de la política
de ayudas a los exiliados.
Respecto a esta última cuestión, se incluye por primera vez a
los denominados «niños de la guerra» que hasta ahora no son
considerados oficialmente exiliados y se apuesta, además de por la
protección económica y social, por iniciativas como la
recuperación, en su caso, de la nacionalidad española y el
reconocimiento del derecho de voto. Otro de los puntos destacados
es el apoyo institucional a las iniciativas destinadas a la
exhumación de cadáveres no identificados de la Guerra Civil, que
yacen en fosas comunes por todo el territorio español y que los
expertos cifran en cerca de 30.000.
La forma en que se recoge en la resolución final parte del
«deber de la sociedad democrática» de proceder al reconocimiento
moral de «todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la
Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión
de la dictadura franquista». «Instamos "señala el texto" a que
cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados
que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local,
reciba el apoyo de las instituciones evitando que sirva para
reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación
civil».
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