Imaz explicó que «Cardenal ha dicho que los miembros de la Mesa
del Parlamento de PNV, EA e IU, junto al presidente Juan María
Atutxa, tenían razón» al no suspender al grupo de Socialistas
Abertzales (antes Batasuna), ya que esas resoluciones de la
Audiencia Nacional «afectaban a un partido, pero los grupos
parlamentarios son otra cosa».
El portavoz del Gobierno opinó que este dictamen de Cardenal «ha
sido una barrera de contención a las medidas que estaba tomando
Garzón». Añadió que «los ciudadanos elegimos a personas para que
nos representen en los parlamentos y los derechos de esos electores
en elegir a sus representantes no pueden estar al albor de otro
tipo de decisiones adoptadas en otra jurisdicción».
Imaz dijo tener «la impresión de que muchas veces, las
resoluciones de Garzón no están ajustadas a Derecho y no podemos
olvidar que muchas de las actuaciones de ese juez no han sido luego
resoluciones en firme y tuvieron que ser corregidas por el propio
ámbito jurisdiccional, como el primer encarcelamiento de la Mesa
Nacional de Euskal Herritarrok». El parlamentario del PNV y ex
miembro del Consejo General del Poder Judicial, Emilio Olabarria,
afirmó ayer que el informe de Jesús Cardenal abre la vía para que
se presenten mociones o proposiciones para revocar la decisión de
las instituciones que acordaron la suspensión de Batasuna (Juntas
Generales de Alava, ayuntamiento de Vitoria y Parlamento de
Navarra).
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