Los nacionalistas y los partidos de izquierda arreciaron ayer las
críticas contra el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel
Jiménez de Parga, que se ratificó en la necesidad de finalizar la
distinción entre comunidades históricas y el resto, lo que no fue
respaldado por el Gobierno.
El presidente del PPC y ministro de Ciencia y Tecnología, Josep
Piqué, calificó de «desafortunadas» e «inapropiadas» las
declaraciones del presidente del TC, quien «se equivocó al
expresarse de esta forma».
Varios ministros opinaron al respecto y señalaron que sus
palabras no fueron las adecuadas, mientras que criticaron el tono
de las declaraciones de los nacionalistas, socialistas e IU.
Así, el vicepresidente Rodrigo Rato, dijo que «nadie puede
discutir que, en España, hay unas comunidades históricas en los
términos que fija la Constitución» y añadió que «no debemos
alimentar ningún tipo de debate sobre esta cuestión».
El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, afirmó
que Jiménez de Parga «no quiso herir sensibilidades» y consideró
«desproporcionadas».
El ministro de Justicia, José María Michavila, dijo que los
nacionalismos «son minoritarios y lo que no pueden pretender es ser
hegemónicos». «No se pueden imponer ideologías minoritarias a todo
el mundo».
Manuel Jiménez de Parga insistió ayer en que no quiso «ofender»
ni «atacar» a nadie, ya que sólo pretendió con sus palabras exponer
la situación real en cuanto a la organización territorial de
España.
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero,
tildó las palabras de Jiménez de Parga de «desafortunadas» y dijo
que quien tiene la tarea de interpretar la Constitución debe hablar
a través de autos y sentencias, por lo que pidió el fin de la
polémica.
La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, afirmó que Jiménez de
Parga «no se cree la Constitución» y apreció que cuestionar las
diferencias de las históricas con el resto de las autonomías supone
«un insulto». Los nacionalistas vascos ven en sus declaraciones la
intención del PP de dinamitar el alto tribunal.
El conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, indicó que con
las declaraciones de ayer del presidente del TC, «lejos de
rectificar, se ratifica» en su propuesta «meditada» de poner fin a
la clasificación entre las comunidades que son nacionalidades
históricas y las que no, por lo que «nos sentimos excluidos de ese
marco» de la Constitución Española.
En parecidos términos se expresó Josep Antoni Duran Lleida,
quien pidió al presidente del Constitucional que «rectifique», como
condición para que CiU y la Generalitat estudien si cambian su
decisión de no asistir a los actos del 25 aniversario de la
Constitución.
Para el PSE/EE, lo dicho por el presidente del Tribunal
Constitucional «desacreditan la institución» y son «impropias de su
rango y de su responsabilidad».
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, también
defendió la diferencia entre las distintas comunidades, si bien
señaló que «nunca puede dar lugar a desigualdades entre los
ciudadanos» ni a «privilegios».
Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, el derecho a la igualdad
de oportunidades de los españoles «vivan donde vivan» es un
principio «incuestionable» en cualquier interpretación que se haga
de la Constitución.
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