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Más de 300 ciudadanos recurrieron ayer a la Justicia para denunciar las decisiones adoptadas por el presidente del Gobierno, José María Aznar, en la guerra contra Irak. Requeridos por el Centro para el Estudio y la Defensa de los Derechos Humanos, un total de 127 personas presentaron sus denuncias ante el Tribunal Supremo, mientras que en Villagarcía de Arosa el colectivo Cidadanía Pola Paz recabó el apoyo de unas 200 personas.

El Centro para el Estudio y la Defensa de los Derechos Humanos explicó que hay tres artículos del Código Penal que contemplan penas de prisión para los delitos que, aseguran, ha cometido el presidente del Gobierno, que contemplan penas de prisión. El artículo 588 plantea 15 a 20 años para los miembros del Gobierno que declaran la guerra sin tener en cuenta los requisitos que plantea la Constitución.

Las 127 denuncias presentadas ante el Supremo aseguran que el apoyo logístico prestado por España a la guerra contra Irak «es un elemento fundamental en la lucha directa», por lo que Aznar habría vulnerado el artículo 63.3 de la Constitución española, que señala que corresponde al Rey, previa autorización de las Cortes, declarar la guerra y firmar la paz.

El 590 se dirige a quienes, con actos ilegales o indebidamente autorizados, provoquen o den motivos a una declaración de guerra contra España o exponga a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o bienes. Finalmente, el artículo 591 contempla las mismas penas para quien ejecute actos que comprometan la neutralidad del Estado durante una guerra en la que no intervenga España.

Al mismo tiempo, el colectivo Cidadanía Pola Paz consiguió recabar el apoyo de 200 personas, que presentaron a título individual denuncias contra Aznar. Entre ellos, había representantes de las agrupaciones políticas de la oposición, al menos de BNG e IU. Cada una de las denuncias se presentó en las dependencias del Juzgado de Instrucción de la localidad gallega.