El Gobierno vasco demandó ayer al Ejecutivo medidas para acercar
a todas las personas vascas privadas de libertad a cárceles
cercanas a su entorno social y familiar, así como el cese de la
«utilización espuria» de la política penitenciaria «como
instrumento de lucha contra el terrorismo». El consejero vasco de
Justicia, Joseba Azkarraga, precisó que esta declaración rechaza el
terrorismo pero considera que el alejamiento de los presos de ETA
del País Vasco supone «un agravamiento inaceptable e ilegítimo» de
la pena impuesta al recluso y una «obligada aflicción injusta».
El consejero explicó estas peticiones recogidas en una
«declaración de principios» en la que se rechaza «de manera radical
y rotunda el terrorismo de ETA» y, por otro lado, se considera que
el alejamiento de los presos de ETA, supone un «agravamiento
inaceptable e ilegítimo de la pena impuesta a la persona reclusa,
así como una obligada aflicción injusta a sus familiares».
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