Un juzgado de Sevilla ha declarado «ilegal y nula de pleno derecho»
una incautación que la Administración efectuó en el año 2001 a una
envasadora andaluza de aceite de orujo «por haber prescindido total
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». En la
actualidad hay numerosos recursos en curso en diferentes juzgados
de España elevados por diferentes empresas afectadas por el mismo
motivo.
En la actualidad están en trámite numerosos recursos en toda España
tanto en vía administrativa como judicial de diferentes empresas
afectadas para los cuales los abogados del Departamento de Derecho
Agroalimentario de Brosa han utilizado similares argumentos
centrados en la indefensión de las empresas ante tales medidas y la
falta de justificación de éstas ante el riesgo existente.
La alerta alimentaria se desató cuando se detectaron muestras de
aceite de orujo con niveles de benzopireno superiores a los
permitidos, lo que provocó pérdidas millonarias en el sector. Según
el bufete de abogados Brosa, la sentencia estima «desproporcionada»
la medida de la Administración.
El juzgado argumenta que no se demostró la existencia de un
riesgo grave y extraordinario para la salud pública, por lo que
obliga a la Administración a indemnizar a la empresa afectada por
los daños ocasionados por la intervención del aceite.
La sentencia también considera que, de haberse seguido el
procedimiento que establece la Ley, se podía haber adoptado otra
medida alternativa «menos invasiva en los derechos de la entidad
recurrente».
El PSOE considera que la sentencia del Juzgado
Contencioso-Administrativo de Sevilla que declara «ilegal y nula»
la incautación de aceite de orujo en julio de 2001 demuestra la
«ineficacia e ineptitud» del Gobierno para gestionar la seguridad
alimentaria y que los ciudadanos pagarán «una vez más los errores»
del Ejecutivo.
Así lo manifestó ayer la secretaria de Consumidores y Usuarios
del PSOE, Isabel Pozuelo, quien dijo que «tras el espantoso
ridículo en la gestión de la crisis de las vacas locas, el Gobierno
quiso dar muestras de eficacia decretando la incautación del aceite
de orujo de una forma tan irresponsable e injustificada».
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