Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) convocó una manifestación en contra de la anulación de sus candidaturas, que congregó a cientos de personas.

Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) convocó una manifestación en contra de la anulación de sus candidaturas, que congregó a cientos de personas.

10/05/03 0:00
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AGENCIAS-BILBAO
El Gobierno vasco y el PNV acusaron al Ejecutivo central de presionar al Tribunal Constitucional, mientras que Gobierno, PP y PSOE expresaron su satisfacción por la sentencia y consideraron que la anulación de 225 candidaturas de la izquierda abertzale decidida la pasada madrugada por el alto tribunal es un éxito para la democracia.

El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, también fue muy crítico y acusó al presidente del Alto Tribunal de un delito de prevaricación por su actitud con respecto a la ilegalización de AuB y de permitir «un pucherazo cocinado en Moncloa». Emilio Olabarria, parlamentario del PNV y ex miembro del Poder Judicial, dio detalles jurídicos de la crítica de su partido a la resolución del Constitucional. Según dijo, ésta fue presentada «fuera de plazo y con el agravante de nocturnidad» y aseguró que las agrupaciones electorales se han visto sumidas en la indefensión y se han cometido irregularidades durante el procedimiento.

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, denunció, «aunque no lo podemos demostrar», que su partido sabe que «PP y PSOE han estado presionando a magistrados para que las cosas vayan en una línea determinada» en la ilegalización de Batasuna. Arzalluz analizó la decisión del Constitucional que impide concurrir a los comicios a 225 candidaturas por su relación con Batasuna.

El líder del PNV consideró que se está produciendo un «grave atropello jurídico y político» que tendrá «serias consecuencias electorales y de convivencia» y que «condena a la muerte civil a decenas de miles de vascos».

El ministro de Justicia, José María Michavila, expresó la plena satisfacción del Gobierno por la decisión del Constitucional de excluir «225 intentos de ETA de burlar el Estado de Derecho».

Michavila valoró la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de admitir los recursos de sólo dieciséis de las 241 candidaturas anuladas por el Tribunal Supremo el pasado sábado por su relación con Batasuna, de modo que 225 de ellas no podrán concurrir a las elecciones del próximo 25 de mayo.

Michavila indicó que la decisión del TC es la culminación de un proceso y que las elecciones del próximo día 25 serán las primeras en las que las urnas no serán utilizadas por los terroristas «para introducir comandos en las instituciones democráticas».