La Mesa del Parlamento Vasco no disolvió ayer al grupo de la
antigua Batasuna, Sozialista Abertzaleak, y pidió un informe
jurídico interno para analizar la situación creada, ante lo cual el
portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López,
recordó que las resoluciones judiciales deben ser cumplidas.
A este respecto, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz,
anunció que el Ejecutivo respaldó a Atutxa al asegurar que éste «ha
dado probadas muestras de mantener la dignidad del Parlamento, que
es la Cámara que representa la voluntad de los vascos».
PP y PSE-EE exigieron en la reunión del órgano de Gobierno del
Parlamento Vasco la ejecución del auto del Tribunal Supremo del
pasado día 20, en el que se declaraba la disolución de SA y se
exigía a la Cámara que se ejecutase «sin demora».
En cambio, los representantes del PNV y EA, con el voto de
calidad del presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, acordaron
encargar un informe a sus servicios jurídicos que analice las
actuaciones mantenidas hasta ahora por la Mesa y si una disolución
del grupo de la antigua Batasuna requeriría de una reforma del
Reglamento o sólo de una resolución del presidente, como sostienen
«populares» y socialistas. Este informe tardará al menos una
semana.
Por su parte, IU/EB abrió otra línea, al registrar una
proposición en la Cámara en la que se pide al Gobierno Vasco que
plantee un conflicto de jurisdicción ante el Supremo, al considerar
que el auto de este Tribunal invade competencias del
Legislativo.
El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, aseguró que, si de él
dependería, «iría hasta el final» para oponerse al «atropello» que
significa que el Tribunal Supremo ordene la disolución de
Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco. Arzalluz, en todo
caso, admitió que esta determinación puede resultar«un poco
drástica».
El presidente del BBB de PNV, Iñigo Urkullu, aseguró por su
parte que la representación institucional corresponde a las
formaciones que han obtenido los votos válidos emitidos, aunque
destacó la necesidad de tener presente en las instituciones que
«hay una parte de la sociedad que no tiene voz institucional», en
alusión a los grupos de Batasuna ilegalizados.
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