Entre las medidas adoptadas, fuentes del Alto Tribunal explicaron
que no se descarta declarar nulos los acuerdos adoptados en la
Cámara vasca con el apoyo del grupo SA después del 20 de mayo,
fecha en que el Supremo ordenó la disolución de este grupo, como
sucesor de Batasuna. En cualquier caso, la Sala Especial tiene
previsto reunirse la próxima semana para concretar estas medidas
que también podrían incluir el embargo de las cuentas de este
grupo, así como la paralización de las subvenciones que reciben
como parlamentarios.
Después de algo más de dos horas de reunión, los dieciséis
miembros de la Sala Especial decidieron por unanimidad remitir
testimonio de las actuaciones sobre el incumplimiento de la
disolución de SA al Ministerio Fiscal para que estudie la
presentación de una querella, sin hacer ninguna valoración sobre
los delitos en los que se podría haber incurrido. En una
providencia que tiene previsto notificar hoy, la Sala tampoco
concreta contra qué personas se debe actuar por el incumplimiento
de la orden del Supremo, sino que se limita a dar traslado a la
Fiscalía General del Estado del auto en el que se acordó la
disolución de SA, de la resolución en que se ordenó al Parlamento
vasco que la ejecutara y de la carta remitida por el presidente de
la Cámara, Juan María Atutxa, principalmente.
El fiscal general, Jesús Cardenal, ya ha encargado al número dos
de la fiscalía, José María Luzón, que coordine personalmente el
asunto y en su caso la elaboración de la querella contra miembros
de la Cámara vasca ante el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. Corresponderá también al teniente fiscal argumentar en qué
delitos podrían haber incurrido supuestamente Atutxa y otros
parlamentarios con su respuesta, como el de desobediencia,
denegación de auxilio judicial o incluso usurpación de
atribuciones.
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