Tras una reunión celebrada ayer por la tarde durante dos horas en
el Tribunal Supremo, los 16 miembros de la Sala Especial dictaron
un auto en el que se acuerda, por unanimidad, adoptar un conjunto
de medidas «para la material y definitiva ejecución de la
disolución» de SA, decretada por este tribunal el pasado 20 de
mayo.
Además, ordena el embargo de «cuantas subvenciones o fondos,
públicos o privados, pertenezcan al grupo parlamentario autonómico
disuelto, así como de los saldos de las cuentas corrientes que éste
pudiera poseer en cualquier entidad de crédito».
El Supremo requiere al presidente de la Cámara, Juan María
Atutxa, a miembros de la Mesa y presidentes de Comisiones
Permanentes «para que en lo sucesivo, bajo responsabilidad personal
para el caso de incumplimiento, actúen en pleno acatamiento de lo
judicialmente decidido el 20 de mayo de 2002, y en consecuencia
impidan la presencia del grupo disuelto» y su actuación en la vida
parlamentaria.
El Alto Tribunal pide además a Atutxa y a su letrado
mayor-secretario general, bajo apercibimiento de proceder para el
caso de desatención o incumplimiento, para que de inmediato se
adopten las medidas necesarias para retirar al grupo parlamentario
disuelto del disfrute de cuantos locales y medios materiales les
fueron asignados.
El auto, que será notificado hoy, requiere al interventor
General del parlamento para que proceda a realizar las actuaciones
oportunas para que se devuelvan «cuantas cantidades hayan sido
entregadas al referido grupo disuelto a partir del día 20 de mayo
de 2003, así como para que se abstenga de abonarle cantidad alguna
en lo sucesivo, todo ello bajo apercibimiento de responsabilidad
personal».
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