El Tribunal Supremo considera que la actuación del Parlamento vasco
en relación con la disolución de Sozialista Abertzaleak (SA) es
contraria al principio de «lealtad constitucional», ya que ayer
mismo volvió a actuar como un grupo más dentro de la Cámara. La
Sala Especial del Tribunal Supremo envió al Parlamento de Vitoria
el auto que aprobaron el miércoles sus 16 magistrados en el que
acordaron ordenar el embargo de las subvenciones y saldos de las
cuentas corrientes de SA y pedir al presidente del Parlamento
Vasco, Juan María Atutxa, que impida «bajo su responsabilidad
personal» la presencia del grupo en la vida parlamentaria.
El propio Atutxa comentó en los pasillos del Legislativo que,
por el momento, no se ha recibido la comunicación oficial del auto,
por lo que no se pronunciará hasta analizarlo en profundidad. De
cualquier forma, dos parlamentarias de Sozialista Abertzaleak, Jone
Goirizelaia y Araitz Zubimendi, participaron en la reunión de la
Comisión de Derechos Humanos, pese a la petición del PP y el PSE-EE
de que se suspendiera o anulara la sesión, con dos puntos
propuestos por la antigua Batasuna, ya que PNV, EA e IU/EB y el
presidente de la Comisión, Iñigo Urkullu, se opusieron.
Tanto Urkullu, presidente de la Ejecutiva del PNV en Vizcaya,
como los representantes de los tres grupos que apoyan al Gobierno,
asumieron la responsabilidad de su actuación, aunque aclararon que
no consideraban comunicado el último auto del Supremo, por lo que
entendían que debían aceptar la presencia de SA en la reunión, en
la que el tripartito y la antigua Batasuna sacaron adelante una
resolución sobre un preso de ETA enfermo.
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