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Cavallo está acusado de delitos de genocidio y terrorismo supuestamente cometidos durante la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983. El acusado, que ingresó en la prisión de Soto del Real (Madrid), se negó a declarar también esta tarde alegando que las normas de su país se lo prohiben, dada su condición de capitán de corbeta.

En el auto de prisión, el magistrado considera que el «riesgo de sustracción a la Justicia» de Cavallo en caso de quedar en libertad es «evidente», ya que podría huír a su país, donde no podría ser perseguido por estos hechos por la aplicación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

Asimismo, señala que la actividad delictiva que presuntamente llevó a cabo el acusado «es de tal gravedad que no deja opción diferente a la de la medida de prisión, por cuanto no debe olvidarse que lo que se le imputan son los crímenes internacionales de genocidio y terrorismo que atentan a la propia esencia del ser humano, y cuyas víctimas no sólo son las inmediatamente afectadas, sino también la propia comunidad internacional».

El abogado de Cavallo, el catedrático de Derecho penal Antonio Ferrer Sama, solicitó, al igual que el fiscal Pedro Rubira, la libertad para el acusado alegando la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para juzgar los hechos que se le imputan al ex militar.