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AGENCIA-MADRID/VITORIA
El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, aseguró ayer que el anuncio por parte del ejecutivo central de recurrir el plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional supone un «estado de excepción democrática» y una agresión directa al Estatuto de Gernika ante el que deberán posicionarse todos los partidos políticos, en especial el PSE/EE.

Imaz, que ofreció una conferencia de prensa en San Sebastián, señaló que el gobierno popular aplica la «máxima de Aznar» al negar el diálogo y el debate sobre proyectos políticos «legítimos», «legales» y respaldados por la mayoría de la sociedad vasca. Reclamó que «todos los partidos que tienen la concepción de la democracia como el foro de debate de proyectos e ideas» expresen su opinión ante una «medida de absoluta excepcionalidad democrática» que «pretende evitar» la discusión el términos políticos y que, a su juicio, «nada ni nadie» podrá detener.

Consideró que el recurso supone la «anulación de facto» del artículo 46 del Estatuto de Gernika que establece el procedimiento a seguir para la reforma del propio texto jurídico, que es, a su juicio, lo que representa el proyecto de ley aprobado por el Gobierno Vasco el pasado 25 de octubre y que será debatido en la Cámara vasca. Opinó que si el Tribunal Constitucional «no da un giro de 180 grados» en la jurisprudencia dictada en los últimos 20 años, el recurso tiene «escasas probabilidades de ser admitido siquiera a trámite» en el caso de que «todavía quede algún jurista en el Tribunal Constitucional», ya que la «propuesta de reforma» del Estatuto «no tiene aún ningún efecto jurídico».

El portavoz del ejecutivo vasco instó al PP a que «si tiene objeciones u otros proyectos» diferentes al impulsado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, «los presente en el Parlamento Vasco» para su debate, ya que lo contrario es «judicializar la política». A su juicio, al Gobierno español «le molesta» que las instituciones vascas desarrollen un «proyecto de convivencia» que posteriormente pase «la prueba del algodón» de una consulta popular.

Recordó que todos los partidos políticos han defendido durante años la máxima de que «todos los proyectos puedan ser legítimamente debatidos» y subrayó que la propuesta de «reforma» estatutaria es «flexible, abierta y está sujeta a las aportaciones» del resto de formaciones que no integran el ejecutivo vasco.