La base de este recurso es un informe del Servicio Jurídico del
Estado que considera que el Plan vulnera la Constitución en más de
cien puntos. El Ejecutivo, además, tiene intención de impugnar ante
el Constitucional un eventual acuerdo del Parlamento vasco que
acepte la tramitación del proyecto en la Cámara autonómica.
La decisión adoptada ayer por el Gobierno no será efectiva antes
del próximo 4 de noviembre, fecha en la que la Mesa del Parlamento
vasco tiene previsto estudiar la toma en consideración del Plan
Ibarretxe. Desde ese momento, el Ejecutivo tiene un plazo de dos
meses para presentar el recurso. El ministro de Justicia, José
María Michavila, aseguró que se presentará «cuando se considere
oportuno», sin más precisiones.
Michavila, que presentó en el Consejo de Ministros un informe
del Servicio Jurídico del Estado que ha servido de base para este
recurso, aseguró que en los últimos encuentros que han mantenido
representantes del Gobierno y del PSOE se ha tratado esta
cuestión.
El Gobierno considera que tiene capacidad jurídica para recurrir
el Plan Ibarretxe por tratarse de un acuerdo del Ejecutivo
autonómico vasco presentado como una propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía, de acuerdo con el artículo 46 de dicho texto
legal. Pero en realidad, dijo Michavila, camufla una reforma
constitucional que intenta de facto «una mutilación y una ruptura
unilateral» con la Carta Magna en una parte del Estado.
El informe del Servicio Jurídico del Estado en que se basará el
recurso, considera que la propuesta nacionalista hace más de cien
quebrantamiento de la Constitución, que están agrupados en cinco
materias: procedimientos constitucionales, instituciones,
relaciones de reparto competencial entre el Estado y las
comunidades autónomas, principios básicos de la democracia y
valores esenciales de la Constitución.
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