La reforma del Código Penal, por la que se podrá penar con cárcel
la convocatoria de un referéndum ilegal, ya es un hecho. La mayoría
absoluta del PP se ha impuesto con más polémica que nunca. La
oposición en bloque rechazó votar la medida, levantó sus brazos en
lugar de apretar los botones de sus escaños y entre gritos de
«manos arriba, esto es un atraco», todos los partidos denunciaron
el «fraude» que ha cometido el Gobierno por el modo en que ha
impuesto la reforma.
El PP respaldó en solitario la reforma. La oposición en bloque
se negó a participar en esta votación. IU mostró una pancarta con
el lema «todos a la cárcel» y los parlamentarios de todos los
grupos levantaron sus manos para dejar claro que no iban a tomar
parte en la aprobación de una reforma que tiene como único objetivo
frenar el Plan Ibarretxe, aunque desde el Gobierno también se ha
esgrimido para usarla en un hipotético futuro contra el nuevo
presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.
En el debate previo, en el que finalmente participaron todos los
grupos, la crítica al Gobierno fue una constante. El secretario de
Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, aseguró
que esta iniciativa es «una degradación parlamentaria», «un
atropello», una «berlusconización inaceptable», un «esperpento
legislativo» y «un ejemplo de cómo no se legisla». «¿Han pensado
alguna vez a cuánta gente quieren meter en la cárcel y si las
prisiones van a dar abasto?», preguntó a los populares.
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