Un 23 por ciento cree que el Plan Ibarretxe es inconstitucional
y el 51 por ciento tiene dudas sobre esta condición. Un
significativo 20 por ciento declina contestar esta pregunta. El 48
por ciento, además, cree que su aplicación provocaría división o
inestabilidad. Y hasta un 33 por ciento considera que el Plan es
«de ruptura». Más igualada está la opinión pública vasca en los
efectos económicos del Plan. El 37 por ciento cree que la situación
iría a mejor y el 32 por ciento que empeoraría.
Los mejores datos a favor del Plan son que dos de cada tres no
creen que la propuesta sea una cesión ante el chantaje de ETA y que
el 71 por ciento asegura que estaría dispuesto a votar en un
referéndum que defiende el 48 por ciento de los vascos, incluso «en
contra de las previsiones constitucionales».
El 34 por ciento de los encuestados se muestra contrario a la
independencia del País Vasco, por un 28 por ciento que es favorable
y un 23 por ciento que estaría o no de acuerdo según las
circunstancias. Un elevado 15 por ciento no expresa opinión ante
esta pregunta. Pese a que los porcentajes son todavía muy bajos en
lo que se refiere al respaldo a la independencia, lo cierto es que
han aumentado en cinco puntos desde 1988 y en un 1 por ciento desde
el pasado mes de abril.
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