El Ministerio de Eduardo Zaplana asegura que la campaña publicitaria estaba programada con antelación.

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EFE/EUROPA PRESS-MADRID
La Junta Electoral Central decidió anoche suspender las campañas institucionales del Gobierno sobre su gestión, en concreto la difundida por el Ministerio de Trabajo sobre la mejora de la protección social a los trabajadores autónomos, hasta que termine el proceso electoral que culminará el 14 de marzo.

Esta entidad, encargada de garantizar el respeto a la normativa electoral, tiene en cuenta que las campañas denunciadas «han continuado publicándose en el día de hoy (ayer), en que se inicia el período electoral», razón por la cual entiende que le compete resolver la cuestión. La publicidad a la que se refiere es el tríptico del Ministerio de Trabajo encartado ayer en los principales periódicos con publicidad sobre la mejora de las prestaciones sociales a los trabajadores autónomos, el cual forma parte de la campaña que lleva el lema «Lo nuestro son las personas».

En una reunión que se prolongó durante casi dos horas, este órgano acordó estimar las peticiones efectuadas en este sentido por Izquierda Unida y el PSOE, formaciones que solicitaron la suspensión «inmediata» de esta publicidad institucional, difundida a través de la prensa, la radio y la televisión.

En su acuerdo, la Junta Electoral Central establece «que deberá suspenderse hasta la terminación del proceso electoral la publicación y realización de las campañas objeto de las reclamaciones» presentadas por ambos partidos.

Por esta razón, la JEC comunica a los partidos recurrentes y a Trabajo que debe suspenderse la difusión de esta publicidad. Su argumento para adoptar tal decisión es que, de acuerdo con la instrucción que dictó el 13 de septiembre de 1999 sobre el objeto y los límites de las campañas institucionales, estas campañas del Gobierno no entran dentro de los supuestos previstos en el artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En este sentido, subraya que «no resultan imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos», únicas autorizadas en período electoral.