Europa PressMadrid20/06/04 0:00
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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer en Sitges (Barcelona) que no son «rehenes ni prisioneros de nadie» en sus planteamientos de reforma constitucional y, a pesar de «quienes tratan de sembrar inquietudes innecesarias en torno a las cuestiones territoriales», el Gobierno tiene previsto abordar la reforma de la Carta Magna española al final de la legislatura para hacerla coincidir con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

Fernández de la Vega desgranó ante un auditorio de empresarios los cinco ejes de la política del nuevo Ejecutivo, y que resumió en la renovación de la vida pública, el fomento de una política exterior marcada por una visión europea y europeista, mayores inversiones en I+D, la puesta en marcha de nuevas políticas sociales y el desarrollo de los deberes y derechos políticos, con un estilo que calificó de «cercano y transparente».

Fernández de la Vega aseguró que dicho proceso tiene como objetivo «reconocer una España fuerte y única, pero plural y diversa» y mostró su disposición a reformar los Estatutos, siempre que esté respaldado por los ciudadanos. Además, advirtió de que «la reforma estatutaria no es un proceso para alcanzar la libertad de las comunidades», de la que aseguró que no está amenazada. «Vamos a promover un amplio consenso», aseguró, y explicó que el proceso se iniciará a través de un encargo al Consejo de Estado.

Por otra parte, la vicepresidenta primera aseguró durante su intervención en la clausura de la XXI Reunión del Círculo de Economía en Sitges que «el Plan Ibarretxe no es asumible por nosotros ni en el fondo ni en la forma». Las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno se producen después de que ayer el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se reuniera con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y asegurara tras el encuentro que «ambas iniciativas son parecidas en el fondo y distintas en la forma».