Las primeras comparecencias ante la comisión de investigación sobre
el 11-M tendrán lugar a partir del próximo 6 de julio, con el
testimonio de agentes de las fuerzas de seguridad y altos mandos de
la «cúpula» policial, según acordó ayer por unanimidad el pleno de
esta comisión parlamentaria.
Por el momento, los acuerdos adoptados se circunscriben a la
tramitación de la documentación, a las fechas de las primeras
comparecencias y a su distribución en bloques, sin que se hayan
votado ni discutido las listas de posibles comparecientes.
Los dieciséis comisionados decidieron, también por unanimidad,
solicitar al Gobierno, medios de comunicación y empresas de
telefonía toda la documentación que había sido propuesta por los
grupos, que deberá llegar al Congreso antes de siete días.
El presidente de la comisión, Paulino Rivero, de CC, informó
además de que se ha acordado agrupar a los comparecientes en tres
bloques. El primero corresponde a los funcionarios de Policía, con
los cuales comenzará la primera ronda de declaraciones, los días 6,
7 y 8 de julio; les seguirá un segundo grupo de directivos de
medios de comunicación públicos y privados; el tercero es el de los
políticos y altos cargos del Gobierno del PP y del actual Ejecutivo
del PSOE.
La abundante relación de documentos pedidos por los diferentes
grupos, entre los cuales figuran informes sometidos a secreto
sumarial o clasificados como secretos por pertenecer al CNI, ha
sido tramitada sin excepciones; el presidente de la comisión reveló
que el martes mismo se comenzaron a enviar los requerimientos.
Por el momento, se ha renunciado a solicitar las comparecencias
de los ministros del Interior de Alemania y Marruecos, pedidas por
el Grupo Mixto. De otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional
se opondrá a entregar a la comisión de investigación documentos
incorporados al sumario que instruye el juez Central de Instrucción
número 6, Juan del Olmo, según informó ayer el fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. El motivo de esta negativa
es que la causa está secreta y, por tanto, el envío de
documentación al Congreso de los Diputados podría alterar esta
medida de precaución.
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