El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vivió ayer
una nueva división entre los vocales de los sectores conservador y
progresista durante la elección de los magistrados que cubrirán las
14 plazas vacantes. La mayoría conservadora se impuso en 10 de las
14 designaciones de estos puestos claves de la judicatura.
Por su parte, el portavoz del CGPJ, Enrique López, recordó que
tanto las deliberaciones como las votaciones del pleno son
secretas, por lo que difícilmente se puede atribuir al presidente
haber votado en un sentido o en otro.
Este órgano acordó, entre otros, el nombramiento de Javier Gómez
como presidente de una Sala Penal de la Audiencia Nacional, el de
Ramón Trillo como presidente de la sala Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, el de Margarita Robles como magistrada de
esta misma Sala y el de María Eugenia Alegret como presidenta del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que hasta este momento
lo presidía el juez mallorquín Guillem Vidal.
Fueron estos nombramientos los que generaron más tensiones en la
deliberación del pleno y así los siete vocales del sector
minoritario, avalados por el PSOE e IU, comparecieron ante los
medios en un receso del mismo para denunciar «la sectaria política»
de selección de la mayoría y la colaboración del presidente del
CGPJ, Francisco Hernando, con el sector propuesto por el PP.
El vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas, acusó a los
diez vocales de la mayoría de «desnaturalizar» la misión de este
órgano, mientras que el vocal Javier Martínez Lázaro lamentó que
Hernando se haya aliado con ese sector en todas las votaciones.
Los vocales de la mayoría Javier Laorden y Jesús Merino
subrayaron que su sector se ha atendido a los criterios de mérito y
capacidad y acusaron a la minoría de querer convertir el 10 por
ciento que representa Jueces para la Democracia en la carrera
judicial en un 50 por ciento en los cargos de libre designación del
CGPJ.
Las discrepancias se pusieron de manifiesto con más intensidad
durante la deliberación sobre la plaza de magistrado de la Sala de
lo Contencioso Administrativo que finalmente ocupó la ex secretaria
de Estado de Interior y actual magistrada de la Audiencia Nacional,
Margarita Robles.
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