Estas serán dos de las fórmulas de regularización que se
incluirán en el reglamento de la Ley de Extranjería que el Gobierno
prevé aprobar en octubre, avanzó ayer el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante su comparecencia en el
Congreso.
Las autorizaciones de residencia «por circunstancias excepcionales»
que admite la Ley de Extranjería se evaluarán, dijo, «de manera
comprensiva, pero rigurosa», y el resto de supuestos de arraigo se
vincularán a una estancia de al menos tres años, a la incorporación
real al mercado laboral y a la demostración de lazos familiares o
del arraigo a través del aval de los servicios sociales de los
ayuntamientos.
La primera de las fórmulas, explicó Caldera, se denominará
«arraigo laboral» y será el sistema general a partir de la entrada
en vigor del reglamento, mientras que el segundo proceso tendrá una
duración limitada y será «selectivo y personalizado», aunque aquí
habrá de alcanzarse un amplio consenso, dijo.
Caldera, que entregará hoy el texto del reglamento a los grupos
parlamentarios, calificó el arraigo laboral de «instrumento
innovador y radical» para luchar contra la contratación de
irregulares.
Tras la denuncia, el empresario deberá hacer frente con carácter
retroactivo a todas sus obligaciones y, además recibirá la
correspondiente multa, aunque esa sanción se suspenderá si se
liquidan las deudas con el trabajador y con los organismos públicos
y se mantiene durante al menos un año más al empleado.
Al margen del régimen general, el reglamento fijará una fórmula
de carácter temporal que permitirá que, cuando el inmigrante lleve
en España «un tiempo suficiente» por determinar y esté trabajando,
pueda presentar un contrato de trabajo y alta posterior en la
Seguridad Social por un mínimo de un año.
Caldera dejó claro que no se trata de un proceso de
regularización y explicó que los inmigrantes obtendrán un permiso
temporal supeditado a la continuidad de la relación laboral,
«pudiéndose recoger la posibilidad de actualizar las cotizaciones a
la Seguridad Social» correspondientes al periodo de trabajo que
hubiera desarrollado el extranjero cuando era irregular. El
reglamento, subrayó el ministro, fomentará la contratación legal de
extranjeros y reformará el requisito básico para contratar en el
exterior, de forma que el Servicio Público Estatal de Empleo
elaborará un catálogo de puestos donde ha quedado comprobado que no
hay residentes que puedan ocuparlos.
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