Al segundo intento, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó
ayer la reforma del sistema de elección de los altos cargos
judiciales por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
propuesta por el Gobierno y gracias al apoyo de todos los grupos de
la oposición salvo el PP. Los populares, entre gruesas críticas al
Ejecutivo por lo que creen una «cacicada», anunciaron que derogarán
la ley en cuanto recuperen el poder que perdieron en las elecciones
generales de marzo.
«Esta Ley nace muerta, porque se va a aprobar con la oposición
rotunda de sus destinatarios», dijo Astarloa, que acusó al PSOE de
repetir esta votación «cuantas veces sea necesario hasta que se ha
producido el resultado deseado». Esta afirmación encontró respuesta
en las palabras de López Aguilar. «Sólo ha contado con el rechazo
del Grupo Popular. No subestimo al PP, pero subestimo menos a la
amplia mayoría del Congreso que ha dado respaldo a esta Ley», dijo
el ministro.
En el día de ayer no se produjeron las ausencias que el pasado
25 de noviembre dieron al traste con los planes del Gobierno de
aprobar la reforma. Después de que el proyecto haya vuelto a ser
aprobado por el Consejo de Ministros, esta vez se presentaron los
diputados necesarios para aprobar el nuevo sistema de elección de
cargos judiciales en el CGPJ. Fueron 194 los votos a favor, muy por
encima de los 176 necesarios, 137 en contra y hubo una abstención.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, defendió la
reforma ante el Pleno con argumentos muy similares a los de la
primera ocasión y recordó que es «plenamente respetuosa con las
reglas del juego establecidas por la Constitución». De hecho,
recordó que el sistema que plantea ya se viene utilizando para los
nombramientos que el CGPJ hace de magistrados del Tribunal
Constitucional y ha funcionado, dijo, porque el Consejo «queda
convocado a dialogar». Además, queda garantizado que no se haga
«una vinculación mecánica de algunas candidaturas con respecto a
determinadas siglas».
Sólo el PP se ha opuesto a esta reforma. Antes incluso de la
votación del proyecto fue rechazada la enmienda a la totalidad que
propusieron los populares, que anunciaron la derogación de esta
reforma en cuando vuelvan a estar en el Gobierno. El diputado
Ignacio Astarloa tachó lo sucedido de «patraña incomprensible», de
«cacicada» y de «la firma del acta de defunción del talante» del
Ejecutivo.
De hecho, todos los partidos mostraron su respaldo a la
iniciativa en su turno de intervención. El coordinador general de
IU, Gaspar Llamazares, cree que el PP ha decidido «transformar la
oposición política en desestabilización», y recordó que de los
últimos 18 nombramientos de magistrados del Supremo que se han
realizado, doce han sido a propuesta del PP. También muy crítico
con el PP se mostró el portavoz de ERC, Agustí Cerdà, quien
calificó la actitud de los populares de «show» y «circo».
La entrada en vigor de la reforma será de manera inmediata a su
publicación en el BOE. Con esta reforma, el Consejo General del
Poder Judicial necesitará una mayoría reforzada de tres quintos
para aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo
y de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia.
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