Los miembros del Ejecutivo y los altos cargos deberán hacer públicos sus bienes

OTR PressMadrid11/12/04 0:00

El Gobierno aprobó ayer en la reunión del Consejo de Ministros el borrador del 'Código para el buen gobierno del Gobierno', como cumplimiento de su compromiso de transparencia, autoridad y regeneración democrática. Entre las medidas que prevé el borrador están que los bienes patrimoniales de los miembros del Ejecutivo y sus altos cargos serán públicos, la prohibición de recibir regalos de cualquier tipo que puedan condicionar el desempeño de sus actividades, la obligatoriedad de los titulares de determinados órganos constitucionales y entes reguladores de comparecer, antes de ser nombrados, ante el Parlamento, y la supresión de tratamientos protocolarios.

Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, presentó el borrador de lo que será un proyecto de ley sobre el buen gobierno. La actual subdirección dentro de la Dirección General de Inspección de su Ministerio se convertirá en «un observatorio de Conflicto de Intereses, que tenga un mayor nivel de autonomía y de independencia».

El informe presentado por Sevilla se divide en tres partes. La primera de ellas afecta a los miembros del Gobierno y todos los altos cargos de la Administración General del Estado; a presidentes, directores y gerentes de las empresas y fundaciones públicas y de los órganos reguladores y de supervisión; y pretende afectar en el futuro al conjunto de los empleados públicos mediante la aprobación de un Estatuto Básico del Empleado Público.

Según las normas previstas, todos los cargos referidos se abstendrán de aceptar puestos directivos en organizaciones que limiten su dedicación al cargo político; tendrán la obligación de proporcionar a los ciudadanos y medios de comunicación información veraz; no podrán aceptar cualquier «regalo, favor, préstamo, servicio u otra prestación económica en condiciones ventajosas» que «puedan condicionar el desempeño de sus funciones»; y «evitarán toda manifestación externa inapropiada u ostentosa que pueda menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público».