Gobierno, PP, PSOE e IU insistieron en su rechazo al Plan Ibarretxe
y expresaron su convencimiento de que no será aprobado en último
término por las Cortes Generales. «No debe ser aprobado». Así de
contundente se mostró la vicepresidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, con respecto al Plan Ibarretxe. «Es
contrario a la Constitución, está fuera, y por tanto no debe ser
aprobado. Esta es la opinión que el Gobierno ha mantenido, mantiene
y mantendrá», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció
que el Gobierno se opondrá en el Parlamento al plan soberanista una
vez que sea remitido a la Cámara Baja, y aseguró que «no tiene
ninguna posibilidad de ser aprobado ni aplicado».
Mediante una declaración institucional leída por el ministro, el
Ejecutivo señaló que «quiere asegurar a todos los ciudadanos
españoles que garantizará el cumplimiento escrupuloso de la
Constitución y del papel que en la misma se asigna a las
instituciones democráticas».
El PSOE insistió en un comunicado en su «rotunda y nítida»
oposición al «plan Ibarretxe» y señaló que los votos de la antigua
Batasuna prueban definitivamente que se trata de una propuesta de
«ruptura e independentista» que «no reúne el consenso ni del pueblo
vasco ni del pueblo español».
El secretario general del PP, Àngel Acebes, pidió al Gobierno
«la inmediata impugnación» ante el Tribunal Constitucional del
acuerdo por el que el Parlamento Vasco aprobó el Plan Ibarretxe,
una propuesta que, a juicio de este partido, «es desde hoy también
el plan de ETA».
Acebes compareció ante los medios informativos para leer una
declaración institucional en la que ofreció el apoyo de su partido
para terminar con esta «grave amenaza» y «preservar el marco de
convivencia constitucional», tanto frente a este Plan como frente a
«otros que están en marcha».
El secretario general del PP aseguró que su partido hará todo
cuanto esté en su mano para evitar que el Plan salga adelante, que
se celebre el referéndum prometido por el lehendakari, Juan José
Ibarretxe, y que «se imponga la discriminación entre los vascos y
se ultraje la memoria de las víctimas».
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