Alonso alega motivos racionales de delito para interrogar a dos militantes del PP

Niega que el Gobierno esté detrás de la detención por la agresión a Bono

| Madrid |

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El ministro del Interior, José Antonio Alonso, compareció ayer en el Congreso para explicar la actuación de las fuerzas de seguridad en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la que el ministro de Defensa, José Bono, estuvo a punto de ser agredido. A su juicio, la policía tenía motivos para pensar, en primer lugar, que se cometieron delitos, y también que argumentos «racionales» para creer que los dos cargos del PP de Las Rozas podrían estar implicados en los incidentes.

Alonso negó que hubiera consigna política para detener a los dos militantes del PP. Aseguró que la policía actuó «de oficio» y que lo hizo de modo «profesional, autónomo y sin ninguna interferencia del poder político», después de que el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, denunciara que ha existido una «detención ilegal» y una «posible prevaricación» en este caso.

«Ni el ministro del Interior ni ninguna persona de la estructura política del Gobierno dirigió ninguna orden ni consigna alguna relativa a la investigación policial, ni muchísimo menos la de detener o dejar de detener a alguien», zanjó Alonso, tras constatar que Zaplana había hecho una afirmación «extremadamente grave».

Recordó que el propio Bono ha declarado que había sido objeto de «insultos, golpes y puñetazos en las costillas», lo que llevó a la policía a abrir un atestado, recabar pruebas y citar a declarar a los dos militantes del PP «por su presunta vinculación con los delitos de amenaza y atentado».

El caso ha sido ya remitido a la autoridad judicial y está ahora en manos de los jueces, recordó, así como la presunción de inocencia que asiste a los dos militantes populares del municipio madrileño de Las Rozas, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz.

Zaplana no se dio por satisfecho con las explicaciones recibidas y dijo que las seguirá pidiendo formalmente, junto con disculpas y responsabilidades que, a su juicio, debería haber asumido el delegado del Gobierno en Madrid por haber dicho que los populares ya habían sido «imputados».

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