Seis de los 33 acusados de pertenecer o colaborar con ETA a través
de Jarrai-Haika-Segi están ya en libertad. Mañana cumplirán el
máximo de cuatro años en prisión preventiva y la Justicia no puede
retenerlos por más tiempo en una cárcel, a pesar de las quejas del
fiscal y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El portavoz
del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, aseguró que
esta excarcelación demuestra que la Audiencia Nacional no tiene los
medios que necesita.
El auto emitido por el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga
este caso contó con el voto particular discrepante del magistrado
Carlos Ollero, que será el ponente de la sentencia que se dictará
al final del juicio. Este juez cree que las defensas dilataron
indebidamente el procedimiento durante unos 69 días, tiempo que
debería excluirse de ese máximo de prisión provisional de cuatro
años.
Olatz Dañobeitia, Garazi Viteri, Garikoitz Etxeberria, Olatz
Carro, Igor Sunsundegi y Ugaitz Elizaran son los seis acusados que
han quedado en libertad. A todos ellos se les acusa de pertenecer a
la banda terrorista ETA y el fiscal ha pedido para cada uno de
ellos 14 años de prisión. A pesar de estar en libertad, todos ellos
tienen la obligación de comparecer todos los días en el tribunal
que les juzga o en una Comisaría de Policía o cuartel de la Guardia
Civil y la de no abandonar el territorio nacional.
De contar los plazos establecidos por Ollero se podría haber
terminado el juicio sin necesidad de haber excarcelado a estos seis
imputados. Fuentes jurídicas, en todo caso, no creen que los
acusados intenten eludir la acción de la Justicia, puesto que ya
han cumplido más de un cuarto de la condena máxima solicitada por
el fiscal. La AVT, por su parte, solicita ocho años más que el
fiscal para cada acusados porque les imputado un delito de
genocidio.
El fiscal Enrique Molina también intentó que no se excarcelara a
estos seis acusados pero no lo consiguió, alegando también
dilaciones indebidas en el proceso atribuibles a la defensa.
Pero el Tribunal entiende que es la dificultad del proceso, en
el que además se sumaron dos causas distintas, lo que provocó que
fuera en mayo de 2004 cuando se pudo iniciar la fase intermedia,
que llevó a la plenaria tras los necesarios trámites de instrucción
y calificación por dos acusaciones y cinco defensas.
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