El Gobierno ha aprovechado el aniversario del 11-M para aprobar un
paquete de medidas encaminado a mejorar la atención de las víctimas
y la lucha contra el fenómeno terrorista. A propuesta del ministro
de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se aprobó la creación de
una oficina de asistencia a las víctimas del terrorismo en la
Audiencia Nacional.
En cuanto a la política antiterrorista, se refuerza el control
de los explosivos con una reforma del Reglamento sobre esta
cuestión y se crea una unidad administrativa para coordinar las
bases de datos de Policía y Guardia Civil.
Dos son las medidas fundamentales que afectan a las víctimas del
terrorismo. En primer lugar, y a instancias del Ministerio de
Justicia, se creará en la Audiencia Nacional una oficina específica
de atención a este colectivo. El objetivo de este organismo es
solucionar la falta de información sobre los procesos que tienen
las víctimas y facilitar los trámites judiciales y de todo tipo de
asesoramiento social.
La oficina estará interconectada con el Alto Comisionado de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, el Ministerio del Interior (en
especial con la Subdirección General de Atención al Ciudadano y de
Asistencia a las Víctimas del Terrorismo), el Consejo General del
Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas.
Este acuerdo permite al Ministerio de Justicia celebrar convenios
con el CGPJ y con otras entidades públicas y privadas para ayudar
al adecuado funcionamiento de la Oficina. El Gobierno también ha
decidido ampliar en seis meses el plazo para la solicitud de
ayudas, de acuerdo con la Ley de Solidaridad, abierto para todos
los hechos acontecidos desde el 1 de enero de 1968 y que no hayan
sido indemnizados anteriormente.
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