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El Gobierno ha aprovechado el aniversario del 11-M para aprobar un paquete de medidas encaminado a mejorar la atención de las víctimas y la lucha contra el fenómeno terrorista. A propuesta del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se aprobó la creación de una oficina de asistencia a las víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional.

En cuanto a la política antiterrorista, se refuerza el control de los explosivos con una reforma del Reglamento sobre esta cuestión y se crea una unidad administrativa para coordinar las bases de datos de Policía y Guardia Civil.

Dos son las medidas fundamentales que afectan a las víctimas del terrorismo. En primer lugar, y a instancias del Ministerio de Justicia, se creará en la Audiencia Nacional una oficina específica de atención a este colectivo. El objetivo de este organismo es solucionar la falta de información sobre los procesos que tienen las víctimas y facilitar los trámites judiciales y de todo tipo de asesoramiento social.

La oficina estará interconectada con el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, el Ministerio del Interior (en especial con la Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo), el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas. Este acuerdo permite al Ministerio de Justicia celebrar convenios con el CGPJ y con otras entidades públicas y privadas para ayudar al adecuado funcionamiento de la Oficina. El Gobierno también ha decidido ampliar en seis meses el plazo para la solicitud de ayudas, de acuerdo con la Ley de Solidaridad, abierto para todos los hechos acontecidos desde el 1 de enero de 1968 y que no hayan sido indemnizados anteriormente.