La retirada de la última estatua de Franco de Madrid provocó ayer
un enfrentamiento entre el Gobierno, el PSOE e IU, que se
felicitaron por acabar con un símbolo de «división», y el PP, que
acusó al Ejecutivo de «resucitar el pasado». Las primeras críticas
se vertieron desde temprano, al mismo tiempo que medio centenar de
personas depositaban flores en el lugar donde hasta anoche se
erigió la estatua ecuestre, en la plaza de San Juan de la Cruz, y
proferían gritos contra el Gobierno del PSOE.
Igual de explícito en sus críticas fue el presidente del PP,
Mariano Rajoy, quien reprochó al Gobierno que «resucite» el pasado
con un «acto de cara a la galería», cuando es más urgente «y de
sentido común» -señaló- tomar decisiones como «retirar al alcalde
de Pinto», el socialista Antonio Fernández, que se fue dos meses de
viaje oficial a Cuba, Argentina y Chile.
Sin embargo, desde el Ejecutivo el respaldo a la iniciativa fue
unánime. Así, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de
la Vega, aseguró que la retirada ha sido «un acto de normalidad
democrática», ya que su presencia no contaba con el «amplísimo
consenso» que requiere un símbolo de esas características.
La ministra de Fomento, Magdalena Àlvarez, consideró que era «el
momento oportuno» para hacerlo, y señaló que «a estas alturas de la
democracia debe ser asumido con naturalidad» el hecho de que se
eliminen símbolos de regímenes no democráticos.
Las críticas surgieron desde la mañana, cuando el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo que no sabía que se pensaba
retirar la estatua -aunque el Ayuntamiento otorgó licencia para las
obras- y, tras evitar dar su opinión, recordó que el ex presidente
del Gobierno Felipe González dijo que la efigie había que haberla
retirado en vida del dictador, y que no se podían borrar 40 años de
historia.
A estas palabras de González se aferraron prácticamente todas
las voces del PP, desde el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo
Zaplana, hasta el vicepresidente primero de Madrid, Ignacio
González o el portavoz de este partido en la Asamblea de Madrid,
Antonio Beteta.
Zaplana denunció el afán del Gobierno -que calificó como «el más
radical de la historia democrática»- de situar el debate
«permanentemente en el pasado» y hacer «lecturas parciales de
nuestra historia», y aseguró que en este asunto coincide con
González.
Frente a estas críticas, el PSOE coincidió con el Gobierno en su
valoración positiva. Así, la portavoz de este partido en el
Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, lo calificó de «buena
noticia» porque «cualquier símbolo de división y de enfrentamiento
entre españoles debía de ser eliminado», idea en la que coincidió
el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares,
consideró que era «imprescindible» y confió en que ello suponga
también el reconocimiento de «la memoria democrática del país y
reparar el olvido de los republicanos».
También se pronunció sobre este asunto el presidente del Senado,
Javier Rojo, quien consideró que la decisión debe ser acogida como
un «signo de normalidad y de lógica».
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