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El fiscal Enrique Molina decidió ayer retirar la acusación contra cinco de los 33 acusados de ser miembros de las organizaciones Jarrai, Haika y Segi, ilegalizadas por su relación con ETA, y pidió para el resto de los procesados, un total de 28, diez años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista.

En el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, Molina modificó así sus conclusiones provisionales y además decidió reclamar las responsabilidades civiles que exigía en esta causa a Sozialista Abertzaleak (SA) por los daños causados por la violencia callejera -cifrados en más de 24 millones de euros- en otro sumario abierto en el citado tribunal a miembros de Batasuna.

En concreto, los cinco procesados para los que el fiscal retiró su acusación y que no tendrán que presentarse a las vistas que restan para que finalice este juicio son Maider Alonso, Unai Beaskoetxea, Sonia Jacinto, Amaia Maestre y Jorge Jesús Urbiola. Todos ellos estaban acusados de un delito de colaboración con banda armada y se enfrentaban hasta el día de ayer a una pena de diez años de cárcel.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación popular, se adhirió a las modificaciones realizadas por el fiscal y además retiró el delito de genocidio que esta acusación atribuía a los procesados y por el que solicitaba ocho años de cárcel para cada uno los acusados.

Hasta ahora, el fiscal pedía penas que oscilaban entre los diez años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista y los catorce años por un delito de pertenencia para los 33 procesados en esta causa. Sin embargo, durante la vista de ayer, Molina explicó que a la vista de lo sucedido a lo largo de este juicio, que comenzó el pasado 11 de febrero, decidió mantener acusación sólo contra 28 de los procesados, quienes se enfrentan a una petición de diez años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por un delito de integración en organización terrorista como «dirigentes o responsables» de estas organizaciones.