El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales acordaron ayer
proponer el mecanismo del «empadronamiento por omisión» para
facilitar que los trabajadores inmigrantes no inscritos en el
padrón puedan acogerse al proceso de regularización en marcha,
informó el titular de esta cartera, Jesús Caldera.
Para que el instrumento se aplique homogéneamente y «con
suficientes garantías», la propuesta se trasladará al Consejo de
Empadronamiento para que «valore su acreditación» y determine
cuáles deben ser dichos documentos públicos. El Consejo de
Empadronamiento es un organismo colegiado en el que participan el
Instituto Nacional de Estadística y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), y representantes de los ministerios
de Administraciones Públicas y de Asuntos Exteriores.
Tras un reunión de más de dos horas con los sindicatos UGT y
CCOO y la CEOE, con los que el Gobierno consensuó el Reglamento de
Extranjería, Caldera explicó que este mecanismo permitirá la
inscripción en el padrón, «en base a la acreditación de la
permanencia en España aportando documentos públicos
fehacientes».
La iniciativa da respuesta a múltiples peticiones de
asociaciones de inmigrantes, del Defensor del Pueblo y del Consejo
General de la Abogacía, en el sentido de poder aportar un documento
distinto al certificado de empadronamiento para probar la estancia
en España antes del 8 de agosto de 2004, una de las condiciones
para la regularización (junto a un contrato laboral y carecer de
antecedentes penales).
Actualmente existe un número indeterminado de inmigrantes que no
se empadronaron por miedo a ser expulsados del país por la policía,
debido a obstáculos administrativos en los ayuntamientos donde
residen o bien porque era innecesario para optar a servicios
públicos como la sanidad, caso de Andalucía.
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