El secretario general del PP, Angel Acebes, anunció que pedirán la
convocatoria de un Pleno monográfico en el Congreso para que el
Gobierno explique qué rumbo quiere poner en las reformas
estatutarias ante el «gran follón» y «desbarajuste» que se vive en
España y para saber si mantiene su promesa de aceptar todas las
propuestas de cambio que aprueben los Parlamentos autonómicos. En
su opinión, la propuesta de financiación es «insolidaria» con el
resto de Comunidades, fomenta las «desigualdades», pone en cuestión
la «propia existencia de España» y «quiebra la convivencia»,
despertando las críticas «incluso en el PSOE».
Fernández de la Vega señaló que ésta es «susceptible de
negociación junto a la totalidad del proyecto del nuevo Estatuto».
Mientras, el Gobierno catalán defendió su modelo y mostró, pese a
reconocer que suscita recelos, la voluntad de negociar con el resto
de autonomías, mientras que los sindicatos y las patronales de
Catalunya valoraron la fórmula de la Generalitat.
El primer consejero, Josep Bargalló, afirmó que «no quiere
imponer un modelo a nadie» y defendió que es justo y equitativo y
no va en contra de ninguna Comunidad. La Generalitat propone
incluir en el Estatuto un nuevo modelo de financiación autonómica
de «inspiración federal» con una agencia tributaria propia
consorciada o coordinada con la estatal y la recaudación y
capacidad normativa sobre todos los impuestos, con una cesión al
Estado no superior al 50 por ciento.
También el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, la
rechazó porque «va más allá del federalismo» y «pone límites a la
solidaridad» entre las Comunidades Autónomas. En cambio, Dolors
Camats, portavoz de ICV -el socio catalán de IU que forma parte del
tripartito- calificó de «precipitado» el rechazo de IU y aseguró
que la propuesta apuesta por «la solidaridad, porque se trata de
garantizarla en el futuro», bajo un modelo de «federalismo
fiscal».
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