Con una larga primera intervención, el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, hizo balance ayer de su primer año en
La Moncloa. Antes de entrar en materia política, se comprometió a
consensuar en el Congreso, con todos los grupos, un posible final
de la violencia de ETA para el que, no obstante, pidió no generar
ilusiones falsas. Sobre el otro tema estrella de este debate, la
financiación autonómica, aseguró que su intención es que entre en
vigor en 2006, aunque antes se abordará, en la próxima Conferencia
de Presidentes, el déficit sanitario. Zapatero hizo continuas
alusiones al PP en su intervención, tanto para dar por desmontadas
las «profecías» de los populares sobre el Gobierno socialista como
para comparar sus logros en el Gobierno con los de José María
Aznar, siempre colocando por encima su gestión.
Zapatero quiso abordar en primer lugar la política
antiterrorista porque «violencia y política no deben cruzarse». En
este punto hizo un anuncio de gran relevancia. El presidente del
Gobierno se comprometió solemnemente, «si se diera el caso», a
comparecer en el Congreso de los Diputados «para explicar los pasos
a dar y para solicitar el respaldo de todos los grupos políticos al
logro de la gran aspiración de poner fin al terrorismo en España».
Esta proclama supone un paso más en el espíritu del Pacto
Antiterrorista y en cierto modo una superación de sus principios,
puesto que Zapatero se comprometió a hablar con todos los grupos
del tema. Pero no por ello dio por enterrado el acuerdo, del que
dijo sentirse personalmente responsable. «El Pacto obliga, cuando
se está en el Gobierno y también cuando se está en la oposición.
Cuando se está en el Gobierno se agradece el apoyo. Cuando se está
en la oposición hay que dar el apoyo y es en esa situación cuando
cumplir el Pacto tiene más mérito. Lo digo por experiencia. Di mi
apoyo al Gobierno y los ciudadanos así lo valoraron. Estoy seguro
de que si alguien niega ese apoyo, los ciudadanos demandarán
responsabilidades», advirtió Zapatero al PP.
El otro gran asunto a priori de este debate, el modelo de
Estado, lo dejó Zapatero para el final de su primera intervención.
No hay novedades con respecto a la reforma de la Constitución,
prevista para el final de la legislatura, ni tampoco para las de
los estatutos, que recibirán el apoyo del Gobierno si se respeta el
procedimiento y los valores de la Carta Magna y si cuentan con
amplio consenso político y social. Esta, dijo, es una postura
coherente, con la «aceptación de la profunda diversidad que
caracteriza esta realidad histórica que generaciones y generaciones
llaman, llamaron y llamarán España, y a la que sienten como patria
común de todos los que habitan sus territorios». También anunció
que los Tribunales Superiores de Justicia serán la última instancia
ordinaria en cada comunidad autónoma y que el Supremo se dedicará a
unificar su doctrina.
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