Pasqual Maragall y el PSC han pedido «respeto» por el dictamen del
Consell Consultiu sobre el Estatut, que ha detectado 19 preceptos
«inconstitucionales» y duda de la constitucionalidad de 39,
mientras el líder de CiU, Artur Mas, ha dicho que mantendrá su
postura al no haber unanimidad del organismo.
El dictamen, que consta de 388 páginas, ve inconstitucionales
algunos aspectos de la propuesta de financiación del tripartito
catalán, así como la invocación a los derechos históricos para
blindar competencias de la Generalitat, como defienden CiU y ERC.
PSC e ICV han alertado sobre la conveniencia de hacer caso de
este dictamen para superar el trámite de las Cortes, frente a las
reticencias de ERC y CiU, y el PPC ha pedido la retirada del
texto.
El presidente del Consell Consultiu de la Generalitat, Joaquín
Tornos, ha entregado hoy en el Parlament y a Maragall el dictamen
sobre el proyecto de Estatut y las enmiendas de los partidos.
Sin embargo, buena parte de las observaciones del dictamen han
contado con una mayoría de cuatro de los juristas del Consultivo,
frente al criterio de los otros tres.
En cuanto al nuevo sistema de financiación, la mayoría de
consejeros del Consultivo ha estimado inconstitucionales dos
artículos de la propuesta financiera del tripartito, pero avala la
constitucionalidad de la definición de Cataluña como «nación».
El presidente catalán, Pasqual Maragall, ha avisado del riesgo
de ignorar el dictamen porque hay que «evitar» la presentación de
un recurso de inconstitucionalidad al Estatut y, aunque da una
«relevancia muy grande» a su informe, ha recordado su «valor
moral», porque no es una ley ni una sentencia.
El secretario del PSC, José Montilla, ha alertado de que «hacer
caso omiso» e «ignorar» el dictamen del Consultivo es «no tener
interés» en aprobar un nuevo texto, ya que cree que «difícilmente
nos respetarán fuera de Cataluña» si los partidos catalanes
«deslegitiman» a este organismo.
Pero el presidente de CiU, Artur Mas, ha advertido de que su
formación seguirá defendiendo las mismas posiciones en cuanto al
sistema de financiación de Cataluña y la invocación de los derechos
históricos para blindar competencias.
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