El Gobierno y los convocantes de la manifestación del sábado pasado
contra la LOE acordaron ayer «negociar» varios aspectos de la
reforma educativa durante su tramitación parlamentaria, si bien el
Ejecutivo dijo que «no es posible» que la religión sea computable
en el currículum.
Hoy, el Grupo Socialista del Congreso iniciará las conversaciones
con los convocantes de la movilización, y posteriormente dialogará
con el resto de la comunidad educativa.
Rodríguez Zapatero, acompañado por la ministra de Educación y
Ciencia, María Jesús San Segundo, se reunió durante dos horas en La
Moncloa con los representantes de once organizaciones de padres,
centros, alumnos y profesores, en un ambiente «positivo» y
«cordial», según ambas partes.
En la entrevista, el presidente del Gobierno planteó que hay
«margen y tiempo» para llegar a «consensos importantes» en la
reforma educativa, según aseguró en conferencia de prensa el
presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres
(CONCAPA), Luis Carbonell.
El jefe del Ejecutivo, según Carbonell, precisó que el «margen»
es para «modificar» la LOE en, al menos, los siguientes
asuntos:
Reforzar la seguridad jurídica de los padres en la libre
elección de centro, el estatuto jurídico de los centros
concertados, el respeto a los idearios de cada centro, potenciar el
esfuerzo, la admisión de alumnos y la mejor posición del
profesorado.
También hay «voluntad» para «resolver el problema» de las
enseñanza comunes, es decir «establecer unos mínimos comunes en
todas las CC AA».
Preguntado por la religión, respondió Carbonell: «Se nos ha
planteado que no sería evaluable ni computable, parece que Zapatero
no ha dado margen para hablar de este punto».
A su vez, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando
Moraleda, declaró que, para el Gobierno, la educación es «un
servicio público», frente a la concepción de las organizaciones
como «servicio esencial de interés social».
Moraleda insistió en que la LOE no se retirará, se negociará con
«voluntad de acuerdo» en el Parlamento y el tiempo no será
obstáculo.
Carbonell, en nombre de todos los convocantes, insistió en el
«compromiso» del Gobierno para que la tramitación parlamentaria no
sea un problema y en que hay «margen» antes de que la Comisión de
Educación del Congreso apruebe el proyecto.
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