Europa PressMadrid10/01/06 0:00
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La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer el embargo de todos los bienes que estén a nombre de los etarras Cándido Azpiazu y Jose Ignacio Zuazolazigorraga en el registro de la propiedad para pagar la responsabilidad civil a la que fueron condenados por el asesinato de Ramón Baglietto en 1980, según informaron fuentes jurídicas.

Finalmente, la familia cobró en septiembre de 2000 una indemnización del Estado a través del Ministerio de Interior, de acuerdo con la Ley de Solidaridad. Pilar Elías recibió entonces cerca de 72.000 euros (unos 12 millones de pesetas) y cada uno de sus hijos unos 42.000 euros (7 millones de pesetas). Por ello, de ser embargados los bienes de los etarras, el dinero iría a parar al Estado por haber asumido el coste de las indemnizaciones.

El auto, del que es ponente el presidente de la Sala Javier Gómez Bermúdez, ordena también una investigación patrimonial completa a la Agencia Tributaria Estatal, a las cuatro agencias forales y a Tráfico para que se proceda al embargo de todos los bienes que estén a su nombre.

Según una querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en la Audiencia Nacional y sobre la que aún no se ha pronunciado el tribunal, Azpiazu tiene a su nombre y el de su mujer una cristalería en la localidad de Azkoitia (Guipúzcoa), que está ubicada en los bajos del edificio donde vive Pilar Elías, viuda del político de la UCD asesinado.

De acuerdo con dichas fuentes, en enero de 1989 la viuda y los huérfanos de Baglietto presentaron un escrito a la Sala en el que pedían que se pagase la responsabilidad civil con los bienes incautados a ETA, especialmente en Francia.