El Pleno del Senado aprobó ayer por unanimidad el informe de la
Comisión General de Comunidades Autónomas de esa Cámara favorable a
la disolución del Ayuntamiento de Marbella. El informe se
trasladará al Gobierno para que el Consejo de Ministros de mañana
determine la disolución de la Corporación marbellí.
La sesión estuvo marcada al final por las declaraciones del senador
'popular' Joaquín Luis Ramírez, quien acusó a la Junta de Andalucía
de poder haber incurrido en «connivencia» con los supuestos casos
de corrupción del Consistorio de Marbella, lo que propició que el
presidente del Senado, Javier Rojo, le pidiera retirar del acta esa
«imputación» al gobierno andaluz.
El acuerdo favorable del Senado es, junto con el informe que
emitirá hoy la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el
requisito previo necesario para que el Gobierno pueda acordar la
disolución del Consistorio de Marbella ante los casos de corrupción
descubiertos entre sus miembros. Aunque no es preceptivo, el
Consejo de Estado también informará al Gobierno antes del
viernes.
Hasta en tres ocasiones pidió Rojo al senador del PP que
retirara sus palabras, pero Ramírez se negó porque, a su juicio, lo
que había dicho no constituía una «imputación».
Las declaraciones del parlamentario 'popular' propiciaron las
respuestas al final del debate de los portavoces del PSOE, Joan
Lerma, y del PP, Pío García-Escudero, quienes también
intercambiaron acusaciones de no haber hecho lo suficiente por
evitar la situación en Marbella desde sus respectivas estancias en
el Gobierno de España.
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