La etarra Ana Belén Egües invitó al Tribunal que le juzgó ayer por el asesinato del general Justo Oreja en 2001, junto a su compañero de comando y para los que el fiscal pidió unas condenas de 323 años de cárcel, que «se inmiscuyan» en un «momento crucial del País Vasco».
Tras las peticiones de sendas condenas de 323 años, solicitadas al tribunal por el fiscal, el abogado del Estado y la acusación particular al coincidir en la contundencia de las pruebas contra ellos, entre ellas sus propias declaraciones inculpatorias, el presidente ofreció el turno de la última palabra.
Los acusados por este atentado, Egües y Aitor García Aliaga, se negaron a declarar durante la vista y, aunque se mantuvieron en la Sala durante la celebración del juicio sin forzar su expulsión como suele ser habitual, no dejaron de hablar entre ellos intentando ignorar la celebración del mismo.
La etarra señaló que no consideraba «que este tribunal sea nadie» para juzgarles y lo calificó como «sustituto del tribunal especial de Orden Público del franquismo».
«Les invito a que en este momento crucial del País Vasco se inmiscuyan», indicó la acusada tras ser interrumpida por el presidente de la Sala que le instó a terminar su intervención.
Durante el juicio, los instructores de las declaraciones realizadas por los acusados, en las que relataron cómo llevaron a cabo el atentado contra el general Justo Ortega, cometido en Madrid en 2001 con una bicicleta-bomba colocada a la salida de su domicilioexplicaron que se hicieron con todas las garantías legales.
El fiscal pidió 28 años de cárcel para ambos por un delito de asesinato y otros 15 por cada uno de los 17 delitos de tentativa de asesinato que les imputa por cada uno de los heridos, además de 18 años más por cada uno de los dos delitos cometidos.
Por otra parte, la comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para pedir autorización al Congreso para dialogar con ETA y el Debate sobre el estado de la Nación podrían celebrarse al mismo tiempo. Todavía no hay fechas definitivas y es sólo una posibilidad que apuntó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Por otra parte, el Círculo de Empresarios Vascos no tiene constancia de que el colectivo haya recibido nuevas cartas de extorsión de ETA desde que la banda terrorista decretara el alto el fuego.
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