El debate del proyecto de reforma, rechazado en su integridad por el PP y el PA, se prolongó durante más de nueve horas, y dejó para el final el Preámbulo, uno de los puntos más polémicos, que establece que la Constitución española en su artículo 2 «reconoce la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad», y el Título Preliminar, que mantiene la definición de Andalucía como «nacionalidad histórica», al igual que el vigente Estatuto.
Estos dos puntos fueron aprobados en solitario por el PSOE, ya que IU y el PA defienden el término «nación», mientras el PP rechazó ambas definiciones y tampoco aceptó una enmienda ofertada por el PSOE que establecía que Andalucía «como nacionalidad histórica se constituye como comunidad dentro de la nación española».
El proyecto de Estatuto, que la presidenta del Parlamento, la socialista Mar Moreno, entregará el próximo 5 de mayo al presidente del Congreso, Manuel Marín, tiene un total de 244 artículos (casi triplica el actual), 11 títulos y cinco disposiciones adicionales, entre ellas la llamada deuda histórica, como fuente excepcional de financiación para garantizar los niveles mínimos, y otra que pide que la inversión del Estado sea equivalente a la población andaluza.
El texto recurre, en la disposición adicional quinta, al artículo 150.2 de la Constitución para reclamar competencias como puertos y aeropuertos, tráfico y seguridad vial, la cuenca del Guadalquivir o museos y archivos ubicados en la comunidad.
Se incorpora un nuevo Título de Derechos Sociales, de forma que los ciudadanos podrán recurrir a la justicia por los incumplimientos del Estatuto, la ampliación de la paridad entre hombres y mujeres a los órganos colegiados o consultivos de la Junta, y el derecho a la muerte digna y a la libertad sexual, entre otros.
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