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El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su predecesor en el cargo, José Antonio Alonso, negaron ayer que hubiera algún tipo de intencionalidad política en la detención de dos militantes del PP por los incidentes que vivió Bono en la manifestación de la AVT. Los socialistas hacen hincapié en que la sentencia desmiente la denuncia de que hubo órdenes para llevar a cabo esas detenciones.

Alonso se mantiene tranquilo y achaca lo ocurrido a una «táctica política» que, además, el PP ya ha utilizado «decenas de veces». «Ha quedado claro que el Gobierno ha dicho siempre la verdad y que el PP ha mentido siempre, porque ha sostenido que hubo detenciones políticas y eso no es cierto», sentenció.

«No ha habido ni la más mínima orden, ni indicación, ni interferencia política, ni la más mínima, ninguna», dijo Alonso, actual ministro de Defensa pero titular de Interior cuando se produjeron los hechos.

Rubalcaba, por su parte, aseguró que si algo «dice con toda claridad» la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid -que el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá (al igual que la Fiscalía, que no ejerció acusación alguna)-, es «que no hubo instrucciones políticas y que las acusaciones del PP carecen de fundamento». «Por las reacciones del PP parece que les han dado la razón, pero desde el punto de vista político no la tienen», añadió el ministro del Interior, que entiende que la petición de dimisión «carece por completo de sentido por desmesurada».

La dimisión que sí se ha producido es la de Constantino Méndez como delegado del Gobierno en Madrid. «Es un acto de dignidad política que le honra», dijo Alonso, pero recordó que «la propia sentencia reconoce que no tiene ningún tipo de responsabilidad personal». Rubalcaba agradeció a Méndez que se haya sentido responsable «de lo que les ha ocurrido a tres policías bajo sus órdenes». «Más le valdría (al PP) tomar nota de cómo se hacen las cosas cuando se cree en las instituciones», sentenció el ministro.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, se mostró convencido de que el PP «tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad» por insistir en que el Gobierno ordenó las detenciones de Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz. López Garrido aseguró que los 'populares' no condenan «el escenario de agresión» y «cuestionan el Estado de Derecho», y aseguró que eso es lo que hace Batasuna.