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EFE-BILBAO
El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, expresó ayer el apoyo de este partido al «trabajo en la búsqueda de caminos para la paz» del miembro de la Ejecutiva Gorka Agirre y del ex presidente Xabier Arzalluz, a la vez que denunció lo que denominó «prácticas de política judicial espectáculo».

Urkullu destacó que «no sabemos si esta actuación judicial obedece a la 'traca final'» del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, «o si estamos ante un profundo nubarrón de este incipiente proceso de pacificación», por lo que apeló al Gobierno «y a todos los poderes del Estado a que apuesten por pasos decididos» hacia la paz.

En una declaración ante los medios de comunicación en la que no se permitieron preguntas, el también responsable del PNV en Vizcaya se referirió así a la citaciones judiciales de Agirre como imputado por presunta colaboración con ETA en relación a la red de extorsión de la banda y de Arzalluz como testigo

En estos «caminos para la paz» también han trabajado, según dijo, tanto Gorka Agirre como Xabier Arzalluz «basándose en principios humanitarios y de respeto a los derechos individuales y colectivos de nuestro pueblo, sin ninguna tacha y sin ninguna duda».

El PNV se solidariza y apoya, añadió, a todas las víctimas de la extorsión, la amenaza y el chantaje, y esas víctimas, precisó, «deben saber que cuentan con el respaldo y apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad vasca, entendiendo todas las circunstancias personales y, por lo tanto, las decisiones que estas personas víctimas de la extorsión hayan adoptado».

El Partido Nacionalista Vasco también muestra su «estupor», según añadió, por las filtraciones a la prensa de una investigación que está bajo secreto de sumario y tras señalar que los afectados aún no han sido notificados de las citaciones subrayó que «estas prácticas de política judicial espectáculo son las que provocan el descrédito de determinados ámbitos de la Justicia».

Resaltó también Urkullu en su intervención de ayer que «es difícil que la sociedad entienda el principio de presunción de inocencia cuando desde el propio poder judicial se convierte este pilar del Estado de Derecho en una herramienta que busca, sobre todo, los efectos mediáticos y políticos».