El juez Fernando Grande-Marlaska tuvo que dejar ayer en libertad a los dos empresarios navarros detenidos por pagar supuestamente a ETA porque la Fiscalía no pidió ninguna medida cautelar, pero sostiene en su resolución que el pago fue voluntario y que se efectuó después de que la banda declarara el alto el fuego.
En su resolución, el magistrado explica que los dos empresarios fueron extorsionados por ETA en 2001, que les exigió el pago de una cantidad que no ha podido ser determinada.
José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, socios de la constructora navarra AZYSA, S.L., abandonaron la Audiencia Nacional sobre las 14:30 horas de ayer después de prestar declaración ante el magistrado, al que aseguraron que nunca han entregado ningún dinero a la organización terrorista, aunque admitieron que ETA les exigió el pago del llamado «impuesto revolucionario» en 2001.
A pesar de que la Fiscalía ya había anunciado que no pediría que se les impusiera medida cautelar alguna, requisito imprescindible para que el juez la acuerde, Grande-Marlaska intentó hasta el último momento que, al menos, los empresarios fueran obligados a comparecer periódicamente en el Juzgado o que se les prohibiera abandonar el territorio nacional. Azpiroz y Saralegui, no obstante, permanecen imputados por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista.
Añade que el pasado 29 de abril, y a través de un abogado, hicieron llegar 54.000 euros al fundador de ETA Julen Madariaga, detenido en Francia en el curso de esta misma operación, sin que se sepa si era el total reclamado por la banda o el último de los plazos acordados.
«No obstante lo anterior, se hizo constar por los imputados que deseaban hacer llegar a ETA que este pago lo era con carácter voluntario y con el fin de favorecer el denominado 'proyecto de paz'», señala el juez.
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