El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ya ha interrogado en calidad de imputados a una decena de empresarios vascos y navarros en relación con un procedimiento abierto en 2005, en el que se investiga el presunto pago del denominado «impuesto revolucionario» a la banda terrorista ETA.
Esta causa es totalmente independiente del sumario 86/98, en cuyo marco se produjeron las detenciones la semana pasada de doce presuntos miembros de la red de extorsión de ETA y de los empresarios navarros José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, en libertad tras declarar el lunes como imputados por pagar supuestamente a los terroristas.
Respecto al segundo sumario sobre la extorsión, fue iniciado en 2005 a raíz de la intervención en Francia de diversos documentos a ETA. La citación de una decena de empresarios imputados en un delito de colaboración, por pagar presuntamente a la banda terrorista, se ha producido conforme han ido llegando los citados papeles a la Audiencia Nacional, según precisó ayer el portavoz de la Fiscalía de esta sede judicial, Juan Antonio García Jabaloy.
Ayer por la tarde el magistrado citó a otros dos empresarios más que presuntamente habrían sido extorsionados por ETA para tomarles declaración. Según la Fiscalía, los industriales comparecen como imputados, lo que significa que se les dota de mayores garantías porque su situación les permite acudir ante el juez con el abogado de su confianza.
El juez ha decretado el secreto sumarial respecto de la instrucción de estos hechos, por lo que no han trascendido ni los nombres de los empresarios ni de las compañías investigadas hasta el momento.
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