Entre los detenidos que tuvieron que abonar fianzas para quedar libres están seis empresarios -constructores y promotores, algunos con gran actividad en Andalucía-, tres de los cuales han pagado las mayores fianzas de este caso, 500.000 euros cada uno, los constructores José Àvila Rojas y Emilio Miguel Rodríguez Bugallo, y el promotor murciano Tomás Olivo.
Además, el juez ha dejado en libertad al director comercial de la promotora Aifos, Franciso García Lebrón, informaron fuentes jurídicas, que no precisaron si le impuso fianza y si ha quedado imputado o no.
También depositaron grandes cantidades el promotor cordobés Rafael Gómez Sánchez y el constructor abulense Enrique Ventero, 300.000 euros en cada caso, mientras el promotor inmobiliario de la Costa del Sol Cristóbal Peñarroya debió abonar 30.000 euros. Sobre todos ellos pesa la imputación de un delito de cohecho.
El constructor y ganadero Fidel San Román, empresario de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, fue encarcelado en esta segunda fase del caso Malaya y se le imputa un delito de cohecho en relación con tráfico de influencias y prevaricación, según fuentes de la defensa.
Los ex ediles en prisión incondicional son cinco, elegidos por el Grupo Independiente Liberal (GIL) y que fundó el fallecido ex alcalde marbellí Jesús Gil: el ex capitán del Atlético de Madrid Tomás Reñones, Rafael González, José Luis Fernández, Rafael Calleja y Vicente Manciles. También María José Lanzat, suspendida de militancia del PA al ser encarcelada, y José Jaén, expulsado del PSOE al apoyar la moción de censura al ex alcalde Julián Muñoz.
La misma imputación de San Román pesa sobre cinco de los ex concejales (Reñones, González, Fernández, Manciles y Lanzat), Calleja tiene supuestos delitos de prevaricación y cohecho y Jaén una imputación de cohecho.
El juez también impuso fianzas a dos ex ediles de Marbella, María del Carmen Revilla -elegida en el GIL- de 30.000 euros por supuesto delito de cohecho y Belén Carmona -expulsada del PSOE tras apoyar la moción de censura contra el ex alcalde marbellí Julián Muñoz en 2003- de 4.000 euros por delito continuado de cohecho.
Tuvieron que depositar fianzas dos arrestados relacionados con la corporación municipal de Marbella, Salvador Gardoqui y Sergio Santana, el primero de ellos de 12.000 euros y que tiene como cargos supuesto blanqueo de dinero.
Quedaron en libertad sin fianza tres empresarios, dos imputados de un delito de blanqueo de dinero, los hermanos Ignacio y Manuel Ignacio González Sánchez-Dalp, éste último apoderado del diestro Francisco Rivera Ordóñez, y el constructor Gonzalo Fernández-Castaño, con cargos por un delito de cohecho.
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