Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) que se están «depurando» las responsabilidades y que si se confirman los hechos, la ley debe aplicarse con «contundencia» y «rigor».
Pérez Rubalcaba señaló en Santiago de Compostela que está en marcha una investigación judicial y que, por ahora, se han adoptado «medidas cautelares» y no se puede hablar de resultados definitivos.
«Hay que ser muy cautelosos y prudentes, y tenemos que ser respetuosos con la presunción de inocencia» de los agentes policiales, dijo el ministro, aunque añadió que «de confirmarse algunas de las cosas que están apareciendo, se trata de un acto muy grave que merecerá y exigirá sanciones muy duras».
El secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Málaga y subdelegado en funciones, Fernando Valverde, dijo que «se ha actuado de forma rápida, contundente y ejemplarizante», por «una vía penal, con la remisión al juzgado de guardia de las supuestas actuaciones de estos policías».
También se ha actuado «desde el punto de vista sancionador y disciplinario», y ha sido «automáticamente cesado» el director del Centro de Internamiento, «que no era el titular», sino que «estaba en funciones».
Además, en este ámbito «se le han quitado sus atributos» a los agentes y «se ha solicitado, porque es competencia de la Dirección General de la Policía, la suspensión de empleo y sueldo, que evidentemente será ratificada», según manifestó Valverde.
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