Europa PressMadrid27/07/06 0:00
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La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a penas que suman 82 años de cárcel al dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias «Txapote», por el asesinato del abogado socialista Fernando Múgica, cometido en febrero de 1996 en San Sebastián. El juicio por estos hechos quedó visto para sentencia el pasado 21 de julio.

Entre las pruebas contra García Gaztelu, el tribunal destaca la «contundente» declaración de su hijo, Fernando Múgica Heras, quien afirmó que se cruzó con dos individuos tras oír el disparo contra su padre, quienes se le enfrentaron y a los que reconoció como el ya condenado por estos hechos Valentín Lasarte y García Gaztelu. Reconocimiento este último que, «sin género de dudas y mostrando seguridad» realizó durante el juicio.

El tribunal condena a «Txapote» a penas que superan en diez años de cárcel las solicitadas por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, al estimar la petición máxima relativa a dos delitos de atentado que realizó durante el juicio una de las acusaciones populares, la ejercida por el Comité Ejecutivo del PSE-PSOE. García Gaztelu es declarado culpable de asesinato terrorista, dos delitos de atentado, un delito de robo y otro de sustitución de placas de matrícula con fines terroristas.

Según los fundamentos jurídicos de la sentencia, las pruebas acreditan que «Txapote» ejerció de «verdugo» del abogado donostiarra «en una actuación contraria a los mandatos de la ley natural», que denota además «la vileza y cobardía no sólo de la mano criminal», sino también de los restantes integrantes de ETA. El tribunal rechaza otra de las peticiones realizadas por el PSOE y también por la acusación particular, relativa a la aplicación de la agravante de discriminación ideológica, aunque destaca que Múgica, que era presidente del PSE en Guipúzcoa, «como tal estaba significado públicamente y por ello (...) fue elegido por los directivos de ETA como objetivo de la organización en su plan de alterar el sistema legalmente establecido».

La razón última del crimen, según estima la Sala, «no es la de una discriminación ideológica -su militancia en el PSOE-, sino la de ejecutar a un hombre de especial significación pública en la sociedad vasca y en el resto del Estado».