Las denuncias de dichos pasajeros acusan a los trabajadores de asistencia en tierra de Iberia de un delito de detención ilegal, al considerar que fueron retenidos en contra de su voluntad en el interior de los aviones que no pudieron aterrizar ni despegar a consecuencia de la ocupación de las pistas por los trabajadores.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la titular del juzgado de instrucción número 1 de El Prat ha abierto diligencias previas por la huelga a partir del atestado policial que elaboró la Guardia Civil y de las denuncias presentadas por algunos pasajeros perjudicados por la protesta.
Los trabajadores que secundaron la huelga ilegal podrían afrontar sanciones laborales, incluido su despido, el pago de indemnizaciones por los daños causados y hasta un proceso penal por poner en peligro la seguridad del tráfico aéreo, según expertos consulados.
El colectivo de funcionarios «Manos Limpias» ha presentado ante la fiscalía del TSJC una denuncia contra el comité de empresa de los trabajadores del servicio de tierra de Iberia en El Prat, mientras que el conseller de Trabajo e Industria, Jordi Valls, ha asegurado que la Generalitat valorará personarse contra los huelguistas, según las responsabilidades que se desprendan de los informes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estudia iniciar acciones judiciales para defender a los consumidores afectados por la huelga, de cuyos perjuicios responsabiliza a AENA, mientras que el presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), Felipe Navío, ha considerado «absolutamente inadmisible» la situación y ha afirmado que las aerolíneas presentarán una reclamación ante el ente gestor por los daños y perjuicios sufridos.
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