El Comité de Derechos Humanos de la ONU confirmó ayer que Francisco Larrañaga, el preso español que fue condenado a muerte en Filipinas y que permanece en una prisión de Manila desde 1997, sufrió «una grave violación de sus derechos fundamentales y no tuvo un juicio justo».
«Tienen obligación de cumplirlo, pero todo el mundo sabe que la ONU no tiene Ejército ni manera de hacer cumplir las cosas», explicó la portavoz de la FTA, Sarah de Mas, sobre el comunicado del organismo que ya ha sido remitido a los abogados del preso hispano-filipino y al Gobierno de Manila, que tiene un plazo de 90 días para contestar. En él, la ONU confirma que durante el juicio a Paco Larrañaga se violaron varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que, paradójicamente, Filipinas es dignatario.
Así informó ayer la organización Juicios Justos en el Extranjero (FTA en sus siglas en inglés) que presentó el caso de Larrañaga ante el Comité el año pasado. La respuesta de la ONU no es vinculante ni coercitiva, aunque insta a Filipinas a dar al afectado «un remedio efectivo» y «una pronta consideración de libertad bajo fianza».
LA FTA reclamaba que la única forma de resarcir al preso es ponerle en libertad, pero la ONU no se ha hecho eco de estas reivindicaciones. Así, se limita a señalar que Filipinas tiene «la obligación» de dar al afectado «un remedio efectivo, incluyendo la conmutación de su condena a muerte y una pronta consideración de libertad bajo fianza», además de tomar medidas para que su situación no se repita en el futuro. En el caso de Larrañaga, la pena de muerte ya le fue conmutada. Con este pronunciamiento de la ONU, la FTA, que presentó el caso ante Naciones Unidas el 15 de agosto de 2005, consideró que «ya no cabe duda sobre la inocencia de Paco, de la terrible injusticia que ha sufrido en estos últimos nueve años, encarcelado y aislado de su familia».
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