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La Fiscalía de Valladolid decidió ayer, con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, no recurrir el tercer grado penitenciario para el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.

La Fiscalía asegura que ya ha decomisado al ex secretario de Estado para la Seguridad bienes «en cuantía suficiente para garantizar el total resarcimiento del perjuicio causado al Estado». Se trata de dos fincas embargadas a Vera: una en La Berzosilla, en Torrelodones (Madrid), y otra en El Relumbrar, en Albacete.

El Ministerio Público entiende que Vera, condenado a siete años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, cumple con todos los requisitos legales, incluidos el hecho de haber pagado la multa de 3,8 millones de euros que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid en concepto de responsabilidad civil.

La prisión de Segovia en la que está encarcelado Vera depende del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid que el pasado 15 de agosto comunicó a la Fiscalía la decisión de progresar de grado a Vera. Al no presentar recurso, el ex dirigente socialista pasará a vivir fuera de prisión, aunque estará controlado por llamadas de teléfono aleatorias y tendrá que personarse periódicamente ante las autoridades penitenciarias.

Inmediatamente después de conocer esta decisión el portavoz de Interior del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, anunció que pedirá la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para explique una decisión que demuestra que «el PSOE está amparando la corrupción».

«Además -afirmó- Conde-Pumpido está demostrando que es un fiscal al servicio de los intereses de un partido, no de la Justicia».